La académica de la Facultad de Psicología UDP planteó que las dificultades en la implementación de la normativa deben abordarse fortaleciendo su aplicación y no mediante la suspensión de derechos.
27 / 08 / 2026
La investigadora principal del Instituto Milenio ASOR-UDP y académica de la Facultad de Psicología UDP, Elisa Ansoleaga, abordó en una carta al director publicada por La Tercera el proyecto presentado por un grupo de diputados para suspender la Ley Karin. Si bien reconoce que existen dificultades asociadas a su implementación, como el aumento de denuncias y la saturación institucional, cuestiona que estas justifiquen detener su aplicación: “Son asuntos relevantes de atender, pero razones inaceptables para suspender derechos a los que Chile se ha obligado al ratificar el Convenio 190 de la OIT”.
Ansoleaga advierte que la discusión debe considerar la magnitud que han alcanzado los problemas de salud mental y violencia en los espacios de trabajo. “Según la Suseso, en 2025 un 77% de las enfermedades laborales correspondieron a salud mental y que, en más de la mitad, los factores de riesgo se relacionaban con violencia laboral. En una investigación realizada en hospitales públicos (Fondecyt 1220547), constatamos que las personas expuestas a violencia laboral tenían entre tres a cinco veces más chance de ideación suicida”, señala.
La académica plantea además que el debate en torno a la Ley Karin abre una discusión sobre la manera en que se ejerce el poder dentro de las organizaciones. “Esta discusión también plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con la autoridad en los espacios laborales? No basta con mejorar liderazgos o entrenar ‘habilidades blandas’. La autoridad implica ejercer poder, organizar, orientar, fijar límites y regular conflictos. Cuando se ejerce de manera arbitraria, abusiva o errática, puede convertirse en fuente de daño”, sostiene.
Frente a los problemas detectados en la aplicación de la normativa, Ansoleaga propone fortalecer las capacidades de las organizaciones y entregar mayores recursos a las instituciones encargadas de administrarla y fiscalizarla. En ese sentido, concluye que “los desafíos de la Ley Karin deben llevarnos a mejorar su aplicación, no a retroceder. Suspender derechos porque no sabemos —o no podemos— garantizarlos adecuadamente no es una solución”.